Inacapacidad I

En la labor de BJ Abogado de formar e informar a todos nuestros seguidores, dedicamos este post a explicaros que es una incapacidad y esclarecer los supuestos en los que existe derecho a una a una prestación por incapacidad.

Hablando de pensiones, la palabra incapacidad adquiere un significado propio, se trata de no tener capacidad para trabajar, y claro, el reconocimiento oficial o legal de esa situación.

El reconocimiento de tener esa incapacidad supone una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador cuando por enfermedad o accidente ve reducida o anulada su capacidad laboral.

Podemos distinguir entre la incapacidad permanente o la incapacidad provisional en virtud del art 1 de la Orden de 15 de Abril de 1969, de aplicación y desarrollo de las prestaciones por invalidez en el Régimen General de la Seguridad Social.

Centrándonos en la incapacidad permanente esta puede solicitarse de oficio, a solicitud de entidades colaboradoras o a petición del interesado.

Hay diferentes tipos de incapacidad dentro de la permanente que debemos de diferenciar en virtud del art 11 y 12 de la Orden de 15 de Abril de 1969:

o Parcial para la profesión habitual: Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión pero puede seguir ejerciéndola con total normalidad.

o Total para la profesión habitual: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta.

o Absoluta para todo trabajo: Inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio.

o Gran invalidez: Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida.

 

Dependiendo del grado de incapacidad, se exigen unos requisitos generales y de cotización.

Incapacidad parcial.
-No se haya cumplido la edad ordinaria de jubilación.

-Estén en situación de alta o asimilada al alta.

-En caso de enfermedad profesional o accidente laboral, no será necesaria cotización previa.

– En caso de enfermedad común es necesario cubrir previamente un periodo de cotización, que es:
• De 1800 días dentro de los 10 años previos a la solicitud de incapacidad temporal desde la que derive la solicitud de Incapacidad Permanente.
• Para menores de 21 años de edad en la fecha en la que se produce la solicitud, hay que acreditar que se han trabajado la mitad de los días desde el cumplimiento de los 16 años hasta la fecha en la que se produce la incapacidad temporal.

– Para los trabajadores a tiempo parcial habrá que realizar coeficiente global de parcialidad para saber si son susceptibles o no de recibir una prestación.

 

Incapacidad Total.

-No haber alcanzado la edad de jubilación.

-Estar dado de alta en la Seguridad Social o en una situación de asimilado al alta, por ejemplo, la baja médica.

-En caso de enfermedad profesional o accidente laboral, no será necesaria cotización previa.

-Si la incapacidad es causada por enfermedad común es necesario cubrir previamente un periodo de cotización, que es:

• Para menores de 31 años de edad es necesario que el periodo cotizado sea un tercio del tiempo transcurrido desde que se cumplen los 16 años, a la fecha en la que se produce el hecho que suscita la incapacidad.

• Para mayores de 31 años hay que considerar un periodo de cotización total compuesto por un mínimo de 5 años y además un requisito específico dentro de los últimos 10 años.

 

Incapacidad Total Cualificada.
-Percibir previamente una pensión por Incapacidad Permanente Total.
-Superar los 55 años.
-Encontrarse en situación de desempleo.

 

Incapacidad Absoluta.
-No haber alcanzado la edad de jubilación.
-Estar dado de alta en la seguridad social o en una situación de asimilado al alta.
-En caso de enfermedad profesional o accidente laboral, no será necesaria cotización previa.
-Si la incapacidad es causada por enfermedad común es necesario cubrir previamente un periodo mínimo de cotización, que es:
o Para menores de 31 años de edad es necesario que el periodo cotizado sea un tercio del tiempo transcurrido desde que se cumplen los 16 años, a la fecha en la que se produce el hecho que suscita la incapacidad.
o Para mayores de 31 años hay que considerar un periodo de cotización total compuesto por un mínimo de 5 años y además un requisito específico dentro de los últimos 10 años.
-Para los trabajadores a tiempo parcial habrá que realizar coeficiente global de parcialidad para saber si son susceptibles o no de recibir una prestación.
-En el caso de encontrarse en situación de no estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social, el periodo genérico de cotización es de 15 años, y el específico es de 3 años de los últimos 10.

Gran Invalidez.
– No haber alcanzado la edad de jubilación.
-Estar dado de alta en la seguridad social o en una situación de asimilado al alta.
-En caso de enfermedad profesional o accidente laboral, no será necesaria cotización previa.
-Si la incapacidad es causada por enfermedad común es necesario cubrir previamente un periodo mínimo de cotización, que es:
o Para menores de 31 años de edad es necesario que el periodo cotizado sea un tercio del tiempo transcurrido desde que se cumplen los 16 años, a la fecha en la que se produce el hecho que suscita la incapacidad.
o Para mayores de 31 años hay que considerar un periodo de cotización específico.
– Para los trabajadores a tiempo parcial habrá que realizar coeficiente global de parcialidad para saber si son susceptibles o no de recibir una prestación.
– En el caso de encontrarse en situación de no estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social, el periodo genérico de cotización es de 15 años, y el específico es de 3 años de los últimos 10.

Compensación económica por trabajo realizado en exclusiva para la casa

En la labor de BJ Abogado de formar e informar a todos nuestros seguidores, dedicamos este post a esclarecer los supuestos en los que existe derecho a una compensación económica por el trabajo realizado para la casa a la extinción del régimen de separación de bienes.

En estos casos debemos basarnos en el art. 1438 de nuestro Código Civil, en el que se especifica que:
“El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el Juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación”.

Esto significa que cuando uno de los cónyuges, en lugar de trabajar fuera de casa, se haya dedicado a las tareas del hogar y/o al cuidado de los hijos, tiene derecho a una compensación económica que será fijada por el Juez, al igual que se fijan las pensiones alimenticias, las pensiones compensatorias, etc.

La doctrina del Tribunal Supremo fija, según se recoge en la Sentencia 185/2017, de 14 de marzo, que el derecho a obtener dicha compensación requiere que, habiéndose pactado el régimen de separación de bienes, se haya contribuido a las cargas del matrimonio sólo con el trabajo realizado para la casa.

Cabe esclarecer que, con esta interpretación, el Tribunal Supremo excluye los casos en que el cónyuge que solicita la compensación haya estado trabajando fuera de la casa y realizando tareas inherentes a esta durante el mismo periodo temporal (independientemente de la jornada laboral que tuviese), ya que se exige que la dedicación al hogar se realice con exclusividad. Igualmente, carece de relevancia que el otro cónyuge haya realizado trabajos para la casa de forma esporádica.

Esto quiere decir que, en los casos en que un cónyuge esté realizando labores del hogar o cuidando de los hijos y, a su vez trabaje fuera de casa (a jornada completa o a tiempo parcial), no tendrá derecho a este tipo de compensación.

Así mismo, en diversas resoluciones judiciales pronunciadas por este organismo, se especifica que para la obtención de esta compensación no se precisa que se haya producido un incremento patrimonial del otro cónyuge, por lo que sería indiferente que el patrimonio de uno de los cónyuges haya crecido mientras que el del otro permaneciese igual o incluso se hubiese visto reducido.

Debido a ello, podemos afirmar que, el derecho a la compensación no lo causa que uno de los cónyuges se haya enriquecido porque ha estado trabajando fuera del hogar mientras que el otro cónyuge se encargaba de las tareas del hogar y/o de los niños sin obtener sueldo alguno.

A estos efectos, podemos consultar la Sentencia número 252/2017 del Tribunal Supremo, STS 26.04.17 en la que se resuelve confirmar la sentencia de la Audiencia Provincial que fija una indemnización de 27.000 euros al amparo del art. 1438 del Código Civil.

Igualmente, en la Sentencia del Tribunal Supremo número 185/2017, STS 14.03.17, se afirma que el artículo 1438 del Código Civil no exige que para ser merecedor de la compensación haya existido una imposibilidad probada y manifiesta para poder trabajar fuera de casa por parte del cónyuge que solicita la compensación.

En resumen, el único requisito para la obtención de una compensación económica por el trabajo realizado para la casa en régimen de separación de bienes es haber contribuido a las cargas del matrimonio únicamente con el trabajo realizado para la casa, a la vez que no se exige una imposibilidad probada y manifiesta para poder trabajar fuera de la casa.

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Régimen de visitas de los abuelos

En la labor de formar e informar a todos nuestros seguidores en el presente post vamos hacer referencia al régimen de visitas entre los abuelos y sus nietos.

En este caso hemos de partir que el artículo 160 de nuestro Código Civil permite, y recoge, que los abuelos puedan ver a sus nietos. Dicho artículo recoge lo siguiente, saber:

“No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados.

En caso de oposición, el Juez, a petición del menor, hermanos, abuelos, parientes o allegados, resolverá atendidas las circunstancias. Especialmente deberá asegurar que las medidas que se puedan fijar para favorecer las relaciones entre hermanos, y entre abuelos y nietos, no faculten la infracción de las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores”.

 

El Tribunal Supremo hace referencia que los abuelos tienen un papel fundamental en la cohesión y trasmisión de valores en la familia, así como favorece la estabilidad afectiva y personal del menor.

 

Justamente por eso, el legislador en la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la posibilidad de realizar un procedimiento de reclamación de régimen de visitas entre los abuelos y los menores.

En este caso, y como hemos observado en el artículo anteriormente referenciado, lo que el órgano judicial observa son dos cosas:
– La existencia de justa causa.
– La no existencia de resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores.

 

En este aspecto, siempre se ha de cuidar varios extremos, a saber:
– El primero, como siempre en esta materia, es el velar por el interés general del menor.
– En este aspecto destacamos que el órgano judicial debe buscar el equilibrio entre desarrollo psicológico de los menores y el derecho en la relación personal entre los menores y los abuelos.

En estos procedimientos, desde BJAbogado, hemos de diferenciar cuando las menores tienen más o menos de 12 años.
– Si los menores tienen menos de 12 años, en la demanda iniciadora del procedimiento judicial de régimen de visitas sea de solicitar que se realice un informe por el Equipo Psicosocial adscrito al Juzgado para poder observar cómo está el menor en estas circunstancias.
– Si los menores tienen más de 12 años, en la demanda iniciadora del procedimiento judicial del régimen de visitas se puede pedir la testifical de los mismos o subsidiariamente lo expuesto anteriormente, y será valorado por el órgano judicial una opción otra.

Lo expuesto es muy importante ya que si se ha de buscar el interés general del menor, obviamente hemos de ver cómo están los mismos en relación con lo que planteada y la manera de observarlo es con lo expuesto anteriormente.

Visto lo expuesto, vamos a pasar a comentar dos casos en los cuales en el primero se le concede el régimen de visitas a los abuelos y en el segundo no.

– Caso 1:

El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse en numerosas ocasiones. A título de ejemplo, con fecha 24 de mayo de 2013 accedió a establecer un régimen de comunicación ante una Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que lo denegaba, que denegaba las visitas entre abuelos y nietos, alegando la existencia de malas relaciones con los progenitores. Pues bien, según nuestro Alto Tribunal, estas malas relaciones no pueden ser consideradas como una justa causa, ya que quedaría en manos de una de las partes el establecimiento de este derecho. Le bastaría al progenitor alegar una mala relación con el abuelo para impedir el ejercicio de este derecho.

– Caso 2:

El Tribunal Supremo con fecha 20 de febrero de 2015, denegó el establecimiento de un régimen de visitas al basarse en los informes psicológicos de los menores y considerar que las visitas evocarían al padre, que estaba en un proceso penal en el que los niños eran perjudicados, existiendo incluso una orden de protección.

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