Modificación de la pensión de alimentos

Una cuestión que aparece mucho por el despacho es el caso del proceso de modificación de medidas en relación conla pensión de alimentos.

El Tribunal Supremo fija claramente la posibilidad de aplicar el CC art.148.3 en los procesos de familia, cuando lasentencia no lo establezca expresamente, desde la fecha de interposición de la demanda.

El art.148, es aplicable a los procesos fijados en los procesos de familia, produciendo las sentencias efecto desde la demanda. Si la sentencia dice expresamente cuando se debe hacer el primer pago de alimentos y ese pronunciamiento deviene firme, entonces hay que estar al mismo y no a la doctrina genérica del TS.

Por lo tanto, si estamos ante una primera reclamación, si es de aplicación el CC art.148 y, en consecuencia, se podrán reclamar desde la fecha de la demanda. Pero si ha habido unas medidas provisionales o una sentencia de separación previa, NO, puesto que las resoluciones dictadas en estos procesos previos son las que se deben aplicar en tanto en cuanto no se modifican o sustituyen por una resolución posterior, salvo que esta última fije efectos retroactivos de sí misma.

Si el menor convive con un progenitor recibiendo este los alimentos que le abona el otro progenitor, en caso de que inste una modificación de la custodia y se estime, no puede reclamar los alimentos desde la fecha de la demanda, sino desde que realmente el hijo conviva con alguno de ellos, donde surge realmente la necesidad.

Si ese cambio de convivencia se ha producido por la vía de hecho, antes de dictarse sentencia de modificación de medidas, lo que debe darse es :

  1. Que se dejen de pagar alimentos, si el otro progenitor entabla una demanda ejecutiva puede oponer abuso de derecho (causa de oposición jurisprudencial).
  1. Que se reclamen los alimentos desde la fecha de la demanda si realmente el otro progenitor no está contribuyendo ya a los alimentos del hijo ante ese cambio fáctico de convivencia durante la tramitación del proceso de modificación de medidas.

Si ha habido pago de la pensión de alimentos por el progenitor que no tenía la custodia, pese a la convivencia, lo procedente sería instar declarativo para solicitar devolución de los alimentos indebidamente pagados, siempre que se pueda acreditar que el otro progenitor no invirtió esos alimentos en beneficio del hijo.

Si se modifica la cuantía no es de aplicación esta doctrina del TS, en tanto no se dicte nueva sentencia, las necesidades ya fueron valoradas en el proceso anterior y la sentencia que puso fin al mismo es la que fija los alimentos, mientras no se dicte otra que extinga o modifique. Ello con independencia de solicitar una modificación provisional de la medida definitiva fijada en el proceso anterior vía LEC art. 775.3.

Para la reclamación de alimentos desde la fecha de interposición de la demanda de las medidas provisionales, tras el cambio de criterio por el TS, el art.148 CC es aplicable a los alimentos fijados en los procesos de familia, de las sentencias que reconozcan la obligación de prestar alimentos producen sus efectos desde la demanda.

Cada resolución despliega su eficacia desde la fecha en que se dicta y es únicamente la primera resolución que establece pensión de alimentos la que puede imponer el pago desde la fecha de interposición de la demanda.

Ante una demanda ejecutiva de una resolución judicial, teniendo en cuenta la doctrina del TS en relación al art.148 CC, el juez poco puede hacer, ya que considera que se dan los requisitos formales y procesales, previos y necesarios para ello.

Esta nueva doctrina es aplicable a aquellos autos y sentencias que no concretan la fecha del primer pago, dejando abierta la posibilidad de su aplicación. Los letrados deberán introducir la parte del debate, desde cuando se deben abonar los alimentos, practicando las pruebas que apoyen las pretensiones de cada parte, si el juez no resuelve sobre el extremo, se le debe solicitar vía aclaración o subsanación y complemento (LEC art.214 y 215).

Lo único que puede hacer la parte ejecutada es oponerse en cuanto al fondo, sobre la base de que existe un claro abuso de derecho. El esposo debe abonar la diferencia entre lo que abonó durante los meses de tramitación de las medidas y lo que debía abonar según la cantidad fijada en el auto.

Para la reclamación de alimentos desde la interposición de la demanda o desde el dictado de la sentencia, se establece que los alimentos se pueden reclamar desde que se necesitan, pero sólo se abonan desde la fecha de la demanda (art.148CC).

Los alimentos son debidos desde la interposición de la demanda, salvo que el auto o sentencia diga otra cosa, siendo necesario saber si durante la tramitación del proceso cada uno de los progenitores han seguido contribuyendo o no a sufragar las necesidades de sus hijos.

Cada resolución despliega eficacia desde la fecha que se dicte y será la primera resolución que establezca la pensión de alimentos la que podrá interponer el pago desde la fecha de interposición de la demanda, siendo posible plantear la demanda de ejecución en esos términos, y ante ello el ejecutado sólo puede oponer abuso de derecho.

Una pregunta frecuente respecto a la reclamación de alimentos para el menor de edad ¿Son debidos desde la interposición de la demanda?

Se establece que los alimentos se pueden reclamar desde que se necesitan, pero sólo se abonan desde la fecha de la demanda (art.148 CC), es relevante saber si durante la tramitación del proceso cada uno de los progenitores han seguido contribuyendo o no a sufragar las necesidades de sus hijos.

Se fija como doctrina jurisprudencial que cada resolución despliegue su eficacia desde la fecha en que se dicta y es únicamente la primera resolución que establece la pensión de alimentos la que puede imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda.

Por lo tanto, en el acto de la vista de medidas provisionales, se debe solicitar que el pago se devengue desde la interposición de la demanda, ello para :

  • Que sea objeto de debate desde cuando se necesitan realmente los alimentos.
  • Para que el juez en el auto o sentencia fijen de forma concreta la fecha del primer pago.

El auto de medidas no es susceptible de recurso.

En BJ abogados somos especialistas en esta materia, y pueden ponerse en contacto con nosotros para asesorarnos sobre esta o cualquier cuestión judicial que necesiten. CADA PROBLEMA TIENE SU SOLUCIÓN, y para encontrarla pueden ponerse en contacto con llamándonos al 654.168.678 o enviando un email a clientes@bjabogado.com

Cancelación antecedentes penales policiales: Actualizado nuevo Código Penal

Con el análisis que vamos a realizar con posterioridad pretendemos resolver todas las cuestiones legales sobre cómo cancelar los Antecedentes Penales y Policiales con la última reforma del Código Penal de 1 de julio de 2015.

Para ello, vamos a diferenciar los Antecedentes Penales de los Antecedentes Policiales,ya que cada uno de ellos trae consigo un procedimiento específico distinto para su posible eliminación o cancelación.

  • Qué son los Antecedentes Penales:

Los antecedentes penales registran la información relativa a la identificación del penado, el delito, la pena impuesta y la fecha de sentencia de los delitos que han sido condenados mediante sentencia judicial firme sobre hechos tipificados en el Código Penal.

A modo de resumen, podemos decir que son datos personales registrados en un fichero dependiente del Ministerio de Justicia (Registro Central de Penados y Rebeldes) creado para conservar el historial de delitos, juicios, condenas sobre los delitos por los que haya sido penada cualquier persona.

Qué es la cancelación de los Antecedentes Penales:

El Código Penal facilita la posibilidad y el derecho de obtener del Ministerio de Justicia la cancelación de sus antecedentes penales a todos aquellos que hayan sido condenados por un delito en una sentencia judicial firme, siempre que cumplan con los requisitos marcados por la ley y que hayan cumplido o extinguido su responsabilidad penal, previo informe del Juez o Tribunal.

Cómo cancelar los Antecedentes Penales. Requisitos legales:

Los requisitos legales para la cancelación son:

  • Que el condenado no cometa ningún otro delitos en los plazos establecidos en el Código Penal (tras la reforma del citado Código el pasado 1 de julio de 2015 cambia la clasificación de los delitos, recogida en el art. 33).
  • Además de cumplir con los plazos estipulados, para solicitar la cancelación de los Antecedentes Penales deberá de haber cumplido con las responsabilidades civiles que se hayan dispuesto en la sentencia.

Clasificación de los delitos para la cancelación de los Antecedentes.

Tras la reforma del Código Penal del 1 de julio de 2015 dicha clasificación ha quedado del siguiente modo:

  • Penas graves:

  • La prisión permanente revisable (nuevo).
  • Prisión superior a cinco años.
  • La inhabilitación absoluta.
  • Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
  • La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo superior a cinco años.
  • La privación de la patria.

  • Penas menos graves:

  • La prisión de tres meses hasta cinco años.
  • Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
  • La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.
  • La multa de más de tres meses.
  • La multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía, salvo lo dispuesto en el apartado 7 de este artículo.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
  • Penas leves:
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
  • Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
  • La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
  • La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  • La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
  • La multa de hasta tres meses.
  • La localización permanente de un día a tres.
  • Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta.

Plazos para la cancelación de los Antecedentes Penales:

Los plazos tras la Reforma del Código Penal operada el pasado 1 de julio de 2015 quedan regulados en el artículo 136 del citado Código de la siguiente forma:

  1. Seis meses: para las penas leves.
  2. Dos años: para las penas que no excedan de doce meses y se hayan impuesto para delitos imprudentes.
  3. Tres años: para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
  4. Cinco años: para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
  5. Diez años: para las penas graves.

Solicitud de cancelación de Antecedentes Penales:

Se requieren una serie de datos necesarios para poder llevar a cabo la solicitud de cancelación, deberá incluir:

  • Nombre y apellidos del condenado.
  • Filiación, localidad, provincia y fecha de nacimiento.
  • Documento acreditativo de identidad.
  • Domicilio o efectos de notificación.

Es muy importante la identificación dado que los registros de antecedentes en el Registro Central de Penados y Rebeldes son de carácter privado y por lo tanto, no son accesibles a cualquier persona. Esta identificación se puede llevar a cabo de la siguiente forma:

  • Si el titular es español o comunitario: mediante la presentación del DNI en vigor o copia compulsada del mismo.
  • Mediante la presentación de la tarjeta comunitaria o el pasaporte en vigor, o fotocopia compulsada de éstos.
  • Tarjeta de residencia (NIE), o pasaporte en vigor, fotocopia compulsada.

La solicitud se puede presentar a través de un modelo oficial por el Ministerio de Justicia, el conocido Modelo-Formulario de Solicitud de cancelación Antecedentes Penales, el cual no es obligatorio, ya que será suficiente con la presentación de un escrito del interesado que contenga los datos anteriormente señalados y donde solicite de forma expresa la cancelación de los antecedentes.

En cuanto a las formas de presentar la solicitud podemos distinguir cuatro tipos:

  1. Por Representación: el representante debe acreditar tanto su identidad como la de su representado. Además deberá constar en acta notarial, mediante la declaración en comparecencia del interesado o de cualquier otro medio de acreditación la representación propiamente dicha.
  1. Presencial: El interesado deberá de personificarse en el Registro General Ministerio de Justicia, en cualquier Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia o en el Registro establecido en el art.38 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Común Administrativo. En el caso de que el interesado sea un ciudadano español y resida en el extranjero tendrá que solicitar la cancelación en las oficinas diplomáticas y consulares de España.
  1. Correos: El interesado tiene que realizar un envío certificado adjuntando copia compulsada de toda la documentación necesaria a la siguiente dirección: “Registro Central de Penados (Cancelaciones) C/ San Bernardo nº 21 Planta Baja 28015 Madrid”.
  1. Internet: El interesado deberá acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia y poseer un certificado o DNI electrónico.

Plazo de la resolución de cancelación:

La solicitud tendrá que ser resuelta en un plazo de 3 meses desde que se presentó de acuerdo a lo establecido en el RD 1879/1994 de 15 de septiembre.

Cancelación de las medidas de seguridad:

Las anotaciones de las medidas de seguridad serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida.

Certificado de Antecedentes Penales:

Es el certificado oficial expedido por el Ministerio de Justicia que acredita la carencia de antecedentes penales. Para solicitar dicho certificado hay que pagar unaTasa formulario 790 Certificado de Antecedentes Penales.

  • Antecedentes Policiales:

Siempre que se acuse de un delito, infracción o falta y a consecuencia de ello las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan que llevar a cabo lainstrucción de diligenciasy posterior remisión a las Autoridades Judiciales o a la Administración se hablará de antecedentes policiales. Una vez que se haya obtenidosentencia absolutoria firmeo el Juez haya dictadoauto de archivose podrá solicitar la cancelación de éstos antecedentes mediante la presentación de un modelo oficial de solicitud de antecedentes policiales, y que dependerá de si va destinado a la Policía Nacional o a la Guardia Civil.

Gastos escolares, sanitarios, farmacéuticos: Ordinarios o extraordinarios?

Ya inmersos en el mes de septiembre, época de comienzo del curso escolar, nuestros clientes acuden al despacho para plantearnos dudas sobre la diferencia entre los gastos ordinarios y gastos extraordinarios de los menores en relación con la pensión alimenticia.

Podemos definir los gastos ordinarios como aquellos gastos que se producen de manera habitual y con anterioridad al cese de la convivencia. Es importante tener en cuenta si con posterioridad a la separación o divorcio pueden mantenerse, o si por el contrario, debido a los nuevos gastos soportados por antigua unidad familiar ya no es posible hacer frente a ellos.

Por su parte, los gastos extraordinarios se caracterizan por ser imprevisibles, necesarios, no periódicos, acordes y asumibles. Debido a dicha imprevisibilidad no se pueden conocer con anterioridad a la fase declarativa y sentencia del divorcio o separación.

Las dudas de nuestros clientes suelen versar sobre tres puntos esenciales en la vida cotidiana del menor, los gastos escolares y sanitarios, la reclamación de gastos farmacéuticos y las clases extraescolares. A continuación pasaremos a aclarar si dichos gastos forman parte de los gastos ordinarios, o si por su parte, son gastos extraordinarios.

En relación con los gastos escolares y sanitarios, para que dichos gastos tengan la consideración de extraordinarios es necesario el consentimiento expreso o tácito de ambos cónyuges y, como hemos dicho anteriormente, que tengan el carácter de imprevisibles, necesarios, no periódicos, acordes y asumibles.

No obstante, en caso de no mediar consentimiento desde el principio por parte de alguno de los cónyuges, el pago de los primeros meses de guardería no supone que exista un consentimiento tácito, así lo ha declarado la AP Madrid 22-4-10, EDJ 183122.

Sin embargo, los gastos escolares ordinarios como pueden ser los libros o uniformes no son gastos extraordinarios ya que no cumplen el requisito de la imprevisibilidad.

Por lo que respecta a los gastos farmacéuticos del menor, siempre que se cumplan las características necesarias (imprevisibles, necesarios, no periódicos, acordes y asumibles) serán considerados como gastos extraordinarios. No obstante, en caso de intervención de médicos privados será la madre quien tendrá que alegar los motivos necesarios del porqué se acudió a un especialista privado para que el gasto pueda ser considerado extraordinario.

Por último, en relación con la consideración de clases extraordinarias como gasto extraordinario, la jurisprudencia del menor se encuentra dividida. Una parte de ella se ha decantado por el NO como la AP Zaragoza 8-4-10, EDJ 111674. No obstante, la AP Cáceres auto 25-10-10, EDJ 291063 se muestra favorable a la consideración de tales clases como gastos extraordinarios.

Una de las preguntas más frecuentes, en relación con las clases extraordinarias, son las clases particulares de repaso. Pues bien, éstas serán consideradas como gastos extraordinarios en el caso de ser necesarias, no previsibles y temporales.

En BJABOGADO somos especialistas en esta materia, y pueden ponerse en contacto con nosotros para asesorarles de esta y cualquier cuestión judicial que necesiten. CADA PROBLEMA TIENE SU SOLUCIÓN, y para encontrarla pueden ponerse en contacto llamándonos al 654.168.678 o enviando un mail a clientes@bjabogado.com.

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