CAMBIO JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO: CONVIVENCIA DEL PROGENITOR CUSTODIO DE LOS HIJOS CON OTRA PERSONA. EXTINCIÓN DEL DERECHO DE USO DE UNA VIVIENDA GANANCIAL.

Es de capital importancia hacer referencia al cambio de doctrina en un tema de familia como es el uso y disfrute de la vivienda familiar mediante la Sentencia 641/18, de 20 de Noviembre.Sentencia-n.º-6412018-de-fecha-20-de-noviembre-dictada-por-la-Sala-de-lo-Civil-del-Tribunal-Supremo

Tal y como resume el Gabinete Técnico del Área Civil del TS. El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio. La sentencia recurrida había acordado la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.

La sala ratifica los argumentos y el pronunciamiento de la sentencia recurrida y desestima el recurso de casación. La introducción de un tercero en la vivienda, en manifiesta relación estable de pareja con el progenitor que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, cambia el estatus del domicilio familiar, de igual modo que afecta a otros aspectos como la pensión compensatoria e incluso el interés de los hijos, porque introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente.

El derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. El interés de los hijos no puede desvincularse absolutamente del de sus padres, cuando es posible conciliarlos. En el caso, el carácter ganancial del inmueble facilita otras soluciones económicas que permiten precisamente esa conciliación de intereses.

El problema que conlleva lo manifestado en la sentencia que estamos estudiando es que el propio Supremo habla que ha de tratarse de una relación estable de pareja. Los problemas que este despacho ve se encuentra en el tema de la prueba. En este aspecto hemos de destacar dos medios de prueba: el primero es un informe de un defective donde acredite que habita en la vivienda y aproximadamente desde cuando según sus investigaciones y la segunda es la testifical en se de judicial de los vecinos anexos a la vivienda, con la dificultad que ello conlleva.

Por relación estable, según la RAE, es una convivencia análoga al matrimonio por un tiempo duradero. Nos encontramos en este aspecto ante un concepto jurídico indeterminado que la propia Sala del TS tendrá que ir matizando con el tiempo.

Otra problemática es el momento de llegar a cabo la nueva doctrina. El propio Tribunal Supremo lo ha establecido, y ha referenciado que se hace no en el procedimiento de divorcio sino en el de liquidación de Sociedad de Gananciales.

En este despacho profesional hemos de manifestar que nos encontramos en una de nuestras especialidades.

Guía básica Accidentes de tráfico

1.- Derecho a percibir este tipo de indemnización:

Para poder optar a la obtención de este tipo de indemnización es necesario estar hallado entre los posibles beneficiarios de la misma, es decir, ser una de las personas que tienen derecho a reclamarla.

En el presente caso nos interesa saber que el conductor no culpable está legitimado para solicitar la indemnización en cuestión, incluso si carecía de seguro en el momento del accidente.

Asimismo, se debe tener en cuenta que, en cuanto a los daños personales, las víctimas de un accidente de tráfico siempre tendrán derecho a indemnización, salvo que concurra la culpa exclusiva de la víctima. Pero, como corresponde al causante del daño demostrar la culpa exclusiva y esto es algo muy difícil, por lo general siempre se obtiene la indemnización. Además, si la culpa es de ambas partes, la indemnización será reducida en proporción a las respectivas culpas.

Por otra parte, es necesario saber que las reclamaciones derivadas de accidente de tráfico son de varios tipos según las circunstancias.

El primero de los tipos que vamos a tratar son los daños personales, es decir, aquellos daños físicos y psíquicos que padecen las personas implicadas en un accidente de circulación, sean conductores, pasajeros o peatones. La cuantía de la indemnización se fija de conformidad con unas reglas y baremos que establece la Ley y que se actualizan anualmente. El baremos valora la indemnización dependiendo de si el accidente causa en la víctima muerte, lesiones permanentes o incapacidad temporal. Por último, las cantidades que resultan de la aplicación del baremo se moderan en función de la situación de cada individuo.

Respecto a las lesiones permanentes, debemos decir que se incluye en este tipo de indemnización todas las secuelas clínicas, funcionales, anatómicas y estéticas que se hayan derivado del accidente. La indemnización estará́ en función de la edad, gravedad de las lesiones, condiciones familiares de la víctima y de sus ingresos netos anuales.

En cuanto a la incapacidad temporal, debemos decir que para el posterior estudio de los baremos es necesario diferenciar entre baja impeditiva y no impeditiva. La primera de ellas es aquella que impide la realización del “trabajo” o de las “tareas habituales” y que no tiene por qué coincidir con el concepto de baja laboral, mientras que la baja no impeditiva se refiere a lesiones que requieren tratamiento rehabilitador, pero que no incapacitan para el trabajo o la realización de las tareas habituales.

El segundo de los tipos de reclamaciones en un accidente de tráfico son los daños materiales. En este caso se debe tener en cuenta que se indemnizará por los efectos personales cuya pertenencia y daño en el accidente sea debidamente acreditada. Por otra parte, en cuanto al vehículo, el propietario tendrá́ derecho a su reparación o a la indemnización de su valor si el conductor no tuvo culpa del accidente.

Finalmente, la tercera de las indemnizaciones se refiere al derecho a prestaciones de la Seguridad Social por incapacidad laboral. El derecho al subsidio de incapacidad temporal nace desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro de cada día de baja. El plazo máximo es de doce meses prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos el trabajador puede ser dado de alta por curación.

El transcurso del período de doce o dieciocho meses con mantenimiento de la incapacidad laboral hace necesario el pase a la situación de incapacidad permanente. El Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS dictará entonces informe propuesta de incapacidad o denegándola. La Dirección Provincial del INSS dictará finalmente una resolución concediendo o denegando la incapacidad que, en todo caso, es susceptible de recurso ante el Juzgado de lo Social.

Es necesario diferenciar entre incapacidad parcial, incapacidad total e incapacidad absoluta. La primera de ellas ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para su profesión habitual, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma. Por su parte, la incapacidad total da derecho a una pensión vitalicia mensual equivalente al 55% de la base reguladora salarial. Cabe mencionar la existencia de una incapacidad total cualificada para mayores de 55 años, que da derecho a una pensión vitalicia del 75% de la base reguladora salarial, salvo que el trabajador encuentre un empleo compatible con su lesión. Respecto a la incapacidad absoluta debemos decir que da derecho a la obtención de una prestación del 100% de la base reguladora.

2.- Demanda y Proceso Civil:

Las víctimas de accidentes de tráfico tienen derecho a ser indemnizadas. Para solicitar la misma existen dos vías, la extrajudicial y la judicial. En el presente informe nos centraremos en la segunda de ellas, la vía judicial.

En dicho caso, lo primero que se debe saber es que es necesario realizar con anterioridad la reclamación a la aseguradora ya que, posteriormente, la demanda que se presente ante los juzgados civiles con el fin de reclamar la cantidad correspondiente, deberá acompañarse de los documentos que acrediten la presentación de la reclamación a la aseguradora.

La demanda ha de ir firmada por abogado y procurador y, en ella, se debe acreditar qué lesiones ha sufrido la víctima del accidente de circulación y cuánto reclama por ellas. La demanda debe ser interpuesta en el plazo de un año desde la curación o alta médica, aunque es conveniente no dejar transcurrir este plazo a fin de evitar hipotéticas consecuencias negativas para los intereses de la víctima o perjudicado.

3.- Baremo de las indemnizaciones:

En el caso de las lesiones permanentes, la cuantía se fija mediante la asignación de puntos a cada lesión. Normalmente el equipo médico que te trate las lesiones se limitará a señalar la existencia de secuelas sin determinar su concreta puntuación, por lo que la aseguradora te remitirá́ a sus propios médicos que harán un informe puntuando a la baja. Por este motivo es conveniente obtener, mediante denuncia, un informe realizado por médico forense, o informes realizados por médicos independientes especializados en valoración de daños personales ajenos a las compañías de seguros.

A la puntuación asignada por los médicos se aplica el valor del punto en euros, es decir, se multiplica el número de puntos por el valor del punto en euros en función inversamente proporcional a la edad del perjudicado e incrementando el valor del punto a medida que aumenta la puntuación. Si hubiera varias secuelas distintas aplicables al caso, habría que aplicar una fórmula matemática para determinar los puntos finales, que nunca serán más de 100.

Si se produjera algún tipo de invalidez, estas indemnizaciones por las lesiones permanentes se incrementarán en función del grado de incapacidad que causen en la víctima.

III.- ANEXO LEGISLATIVO:

Para que haya una claridad expresa, en este apartado se expondrá los artículos legislativos que han servido de base para el desarrollo del presente artículo.

1.- Derecho a percibir este tipo de indemnización:

Artículo 7 Ley 8/2004:
“1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley.
El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año. […]”

Artículo 34 Ley 8/2004:

“1. Dan lugar a indemnización la muerte, las secuelas y las lesiones temporales de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes y con lo reflejado, respectivamente, en las tablas 1, 2 y 3 contenidas en el Anexo de esta Ley.

2. Cada una de estas tablas incluye de modo separado la reparación de los perjuicios personales básicos (1.A, 2.A y 3.A), de los perjuicios personales particulares (1.B, 2.B y 3.B) y de los perjuicios patrimoniales (1.C, 2.C y 3.C).”

Artículo 169 LGSS:

“1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal que se señala en la letra a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se computarán los períodos de recaída y de observación.

Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.”

Artículo 193 LGSS:

“1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4.”

2.- Demanda y Proceso Civil:

Artículo 7 Ley 8/2004:
“1. El asegurador, dentro del ámbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripción obligatoria, habrá de satisfacer al perjudicado el importe de los daños sufridos en su persona y en sus bienes, así como los gastos y otros perjuicios a los que tenga derecho según establece la normativa aplicable. Únicamente quedará exonerado de esta obligación si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artículo 1 de la presente Ley.
El perjudicado o sus herederos tendrán acción directa para exigir al asegurador la satisfacción de los referidos daños, que prescribirá por el transcurso de un año.
No obstante, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la identificación y los datos relevantes de quien o quienes reclamen, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor que hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser conocidas, así como cuanta información médica asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en su poder que permita la cuantificación del daño.
Esta reclamación interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador obligado a satisfacer el importe de los daños sufridos al perjudicado. Tal interrupción se prolongará hasta la notificación fehaciente al perjudicado de la oferta o respuesta motivada definitiva.
La información de interés contenida en los atestados e informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico que recojan las circunstancias del accidente podrá ser facilitada por éstas a petición de las partes afectadas, perjudicados o entidades aseguradoras, salvo en el caso en que las diligencias se hayan entregado a la autoridad judicial competente para conocer los hechos, en cuyo caso deberán solicitar dicha información a ésta.
2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños personales como en los bienes, el asegurador deberá presentar una oferta motivada de indemnización si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiera sido rechazada, dará una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo.
A estos efectos, el asegurador, a su costa, podrá solicitar previamente los informes periciales privados que considere pertinentes, que deberá efectuar por servicios propios o concertados, si considera que la documentación aportada por el lesionado es insuficiente para la cuantificación del daño.
El incumplimiento de esta obligación constituirá infracción administrativa grave o leve.
Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnización por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarán intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de esta Ley. Estos mismos intereses de demora se devengarán en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, ésta no sea satisfecha en el plazo de cinco días, o no se consigne para pago la cantidad ofrecida.
El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.
Lo dispuesto en el presente apartado será de aplicación para los accidentes que puedan indemnizarse por el sistema de las oficinas nacionales de seguro de automóviles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderá hecha a la Oficina Española de Aseguradores de Automóviles (Ofesauto) y a las entidades corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras extranjeras.
3. Para que sea válida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Contendrá una propuesta de indemnización por los daños en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daños a las personas y en los bienes figurará de forma separada la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros.
b) Los daños y perjuicios causados a las personas se calcularán según los criterios e importes que se recogen en el Título IV y el Anexo de esta Ley.
c) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.
d) Se hará constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnización percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle.
e) Podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignación podrá hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o por cualquier otro medio que, a juicio del órgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.
4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnización, deberá dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos:
a) Dará contestación suficiente a la reclamación formulada, con indicación del motivo que impide efectuar la oferta de indemnización, bien sea porque no esté determinada la responsabilidad, bien porque no se haya podido cuantificar el daño o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamación, que deberá ser especificada.
Cuando dicho motivo sea la dilatación en el tiempo del proceso de curación del perjudicado y no fuera posible determinar el alcance total de las secuelas padecidas a causa del accidente o porque, por cualquier motivo, no se pudiera cuantificar plenamente el daño, la respuesta motivada deberá incluir:
1.º La referencia a los pagos a cuenta o pagos parciales anticipados a cuenta de la indemnización resultante final, atendiendo a la naturaleza y entidad de los daños.
2.º El compromiso del asegurador de presentar oferta motivada de indemnización tan pronto como se hayan cuantificado los daños y, hasta ese momento, de informar motivadamente de la situación del siniestro cada dos meses desde el envío de la respuesta.
b) Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga, incluyendo el informe médico definitivo, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada.
c) Incluirá una mención a que no requiere aceptación o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.
5. En caso de disconformidad del perjudicado con la oferta motivada, las partes, de común acuerdo y a costa del asegurador, podrán pedir informes periciales complementarios, incluso al Instituto de Medicina Legal siempre que no hubiese intervenido previamente.
Esta misma solicitud al Instituto de Medicina Legal podrá realizarse por el lesionado aunque no tenga el acuerdo de la aseguradora, y con cargo a la misma. El Instituto de Medicina Legal que deba realizar el informe solicitará a la aseguradora que aporte los medios de prueba de los que disponga, entregando copia del informe pericial que emita a las partes.
Asimismo, el perjudicado también podrá solicitar informes periciales complementarios, sin necesidad de acuerdo del asegurador, siendo los mismos, en este caso, a su costa.
Esta solicitud de intervención pericial complementaria obligará al asegurador a efectuar una nueva oferta motivada en el plazo de un mes desde la entrega del informe pericial complementario, continuando interrumpido el plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones judiciales. En todo caso, se reanudará desde que el perjudicado conociese el rechazo de solicitud por parte del asegurador de recabar nuevos informes.
6. Reglamentariamente podrá precisarse el contenido de la oferta motivada y de la respuesta motivada, así como las cuestiones relativas al procedimiento de solicitud, emisión, plazo y remisión de entrega del informe emitido por el Instituto de Medicina Legal correspondiente. Igualmente, dicha normativa garantizará la especialización de los Médicos Forenses en la valoración del daño corporal a través de las actividades formativas pertinentes.
7. En todo caso, el asegurador deberá afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en los artículos 764 y 765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las pensiones provisionales se calcularán de conformidad con los límites establecidos en el Anexo de esta Ley.
8. Una vez presentada la oferta o la respuesta motivada, en caso de disconformidad y a salvo del derecho previsto en el apartado 5 de este precepto, o transcurrido el plazo para su emisión, el perjudicado podrá bien acudir al procedimiento de mediación previsto en el artículo 14 para intentar solucionar la controversia, o bien acudir a la vía jurisdiccional oportuna para la reclamación de los daños y perjuicios correspondientes.
No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.”

Artículo 1968 CC:

“Prescriben por el transcurso de un año:
1.º La acción para recobrar o retener la posesión.
2.º La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.”

3.- Baremo de las indemnizaciones:

Para calcular las indemnizaciones es necesario tener presenta la tabla de baremos establecida en el Anexo del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Acceso al RDL 8/2004: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-18911&p=20180813&tn=1 – a46

Cabe mencionar que dichas cantidades deben ser actualizadas en base a la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Dicha resolución establece una revalorización durante el año 2018 de un 1,60%.

Problemática con la STS de devolución del impuesto de AJD por la entidad bancaria

El jueves 18 de Octubre de 2018, se dio a conocer Sentencia de la Sala Tercera de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo dentro del ámbito de los tan comentados gastos de hipoteca. En este caso, se ha tratado el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (en adelante AJD).

Este impuesto lo venía abonando el cliente cuando suscribía una hipoteca, pero con esta Sentencia, el Tribunal Supremo establece que debe ser el banco quien pague la cantidad derivada de dicho impuesto, puesto que es quien tiene el mayor interés en elevar a escritura pública la hipoteca, para poder ejecutar su garantía en el caso de que exista un impago por parte del prestatario.

Adjuntamos la presente SentenciaSTS_ITPAJD_2018 para que tengáis el conocimiento completo de la misma.

La cuestión en esta Sentencia es que por medio de Nota Informativa del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, D. Luis María Díez- Picazo, se avoca,
“al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.”

Adjuntamos en el presente dicha notaNOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA para vuestra debida constancia.

Por lo tanto, hasta que el Pleno no se pronuncie, la Sentencia no surtirá efectos. De este modo, la Sentencia queda en manos de dicho Pleno conformado por 32 magistrados y un presidente. La diferencia reside en que en esta ocasión, en lugar de votar solo 6 jueces, lo harán todos los que componen el Pleno.

Es de destacar que, generalmente, la Sala informa al Pleno antes de dictar sentencia, con el fin de que este se manifieste en relación al caso sobre el que se debe decidir. Como en esta ocasión no se ha producido con anterioridad, debe hacerse posteriormente. Por ello, como ya hemos mencionado la sentencia queda paralizada hasta que el Pleno se pronuncie el 5 de noviembre cuando tiene previsto hacerlo.

DE LO EXPUESTO PARA NOSOTROS ENTENDEMOS QUE CREA UNA GRAN INSEGURIDAD JURÍDICA, Y QUE PERJUDICA A LA PARTE MÁS DESFAVORABLE (QUE EN ESTE CASO SOMOS LOS USUSARIOS DE BANCA).

PARA NOSOTROS CUANDO EL TS ELIMINA EL ART. 98 DEL REGLAMENTO DEL IAJD HA DE MANTENERLO Y NO TENER QUE PREGUNTAR AL PLENO TRAS LA SALIDA DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. SON TRÁMITES QUE HAY QUE HACER CON ANTELACIÓN, Y SOBRE TODO CUANDO NO HAY UNA FECHA DE SALIDA DE SENTENCIA.

POR LA EXISTENCIA DE UN FALLO QUE HA COMETIDO EL TRIBUNAL (NO HABER REALIZADO LA REUNIÓN CON EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPREMO), UNA VEZ SALIDA LA SENTENCIA, NO SE TIENE QUE PARALIZAR LOS EFECTOS DE LA MISMA YA QUE CREA UNA INSEGURODAD JURÍDICA MANIFIESTA.

Otro de los aspectos más comentados es la posible retroactividad de la Sentencia que de no existir, el banco tendría que abonar el impuesto de las nuevas hipotecas que se suscribieran; pero, de existir dicha retroactividad, se podría reclamar judicialmente a los bancos sin plazo mediante una acción de nulidad y a Hacienda en cuatro años por medio de una solicitud de devolución de ingresos indebidos, tras lo que Hacienda deberá reclamar a los bancos.

Por último, es necesario explicar brevemente el proceso que se debe llevar a cabo para recuperar las cantidades ya abonadas en el caso de que se acepte la retroactividad anteriormente nombrada. Para ello, será necesario:

– En primer lugar, reunir toda la documentación necesaria, es decir, la escritura de préstamo hipotecario, el impuesto de AJD, etc.
– En segundo lugar, redactar un documento de reclamación dirigido a la entidad bancaria.
– En tercer lugar, estudiar la respuesta del banco ya que en ocasiones los bancos ofrecen propuestas a los clientes que no les benefician y que, al mismo tiempo, les impide reclamar judicialmente en un futuro.
– En cuarto lugar, controlar los tiempos de resolución de la reclamación, pues en común que los bancos intenten desanimar al cliente alargando los plazos o dificultándole el proceso para que pierda la esperanza de recuperar su dinero.
– En quinto y último lugar, si el banco no estima nuestra solicitud, se deberá presentar demanda en los juzgados correspondientes.

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