Jubilación ordinaria

Jubilación ordinaria

Tras los cambios legislativos sucedidos en 2013 muchos clientes se acercan al despacho con dudas sobre la edad a la que podrán jubilarse cobrando la máxima pensión posible. Este artículo tiene como finalidad solucionar estas dudas centrándose en la jubilación en el régimen general.

Por ello, comenzaremos explicando quiénes son los beneficiarios de la jubilación ordinaria, es decir, quienes se pueden acoger a la misma. Pues bien, podrán acogerse a la jubilación ordinaria las personas incluidas en el Régimen General, afiliadas y en alta o en situación asimilada a la de alta, que reúnan las condiciones de edad, período mínimo de cotización y hecho causante, legalmente establecidos.

A estos efectos, se entiende como situación asimilada al alta las siguientes:

– La situación legal de desempleo, total y subsidiado, y la de paro involuntario una vez agotada la prestación contributiva o asistencial, siempre que en tal situación se mantenga la inscripción como desempleado en la oficina de empleo.
– La situación del trabajador durante el período correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no han sido disfrutadas con anterioridad a la finalización del contrato.
– La excedencia forzosa.
– El período de tiempo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares, que exceda del período considerado de cotización efectiva en el artículo 237 de la LGSS.
– El traslado del trabajador por la empresa fuera del territorio nacional.
– La suscripción de convenio especial en sus diferentes tipos.
– Los períodos de inactividad entre trabajos de temporada.
– Los períodos de prisión sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15-10, de Amnistía, en los términos regulados en la Ley 18/1984, de 8 de junio.
– Los períodos de percepción de la ayuda equivalente a jubilación anticipada y de la ayuda previa a la jubilación ordinaria.
– La situación de incapacidad temporal que subsista, una vez extinguido el contrato.
– La prórroga de efectos de la incapacidad temporal.
– La situación de maternidad o paternidad que subsista una vez extinguido el contrato de trabajo o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo.
– En el caso de los artistas y profesionales taurinos, los días que se consideren cotizados dentro de cada año natural en aplicación de las normas que regulan su cotización y que no se correspondan con los de prestación de servicios (también, servirán para completar el período mínimo de cotización exigido, para la determinación del porcentaje y para el cálculo de la base reguladora).
– En el caso de los trabajadores afectados por el síndrome tóxico que, por tal causa, cesaron en su día en el ejercicio de su actividad laboral o profesional, sin que hayan podido reanudar dicho ejercicio, y que hubieran estado en alta en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, la situación asimilada se entenderá con respecto al régimen en que el trabajador estuviese encuadrado cuando cesó en su actividad y para las contingencias comunes.
– El período de suspensión del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de la violencia de género.

Asimismo, serán beneficiarios los trabajadores afiliados al Sistema de la Seguridad Social que, en la fecha del hecho causante, no estén en alta o en situación asimilada al alta, siempre que reúnan los requisitos de edad y cotización establecidos

Por otra parte, a partir de 1-1-2013, la edad de acceso a la pensión de jubilación depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral, requiriendo haber cumplido la edad de:

– 67 años o
– 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización.

Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta.

Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refieren los párrafos anteriores, se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadrocuadrante que se adjunta en un .pdf a la presente publicación.

Cabe mencionar que existe un periodo mínimo de cotización. En dicho periodo es necesario distinguir entre el periodo de cotización genérico y el específico. El primero de ellos es de 15 años, a partir de 25 de mayo de 2010, mientras que el segundo es de dos años que deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Finalmente, destacar que cabe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social mediante el cual aquellos trabajadores que causen baja en la Seguridad Social, aquellos que sean contratados con remuneraciones inferiores a las cobraban en el último año, y aquellos que dejen de cobrar el paro podrán correr a cargo de sus cotizaciones para reunir los requisitos necesarios para acceder a las pensiones del sistema. Todo ello siempre que tengan cubierto un periodo mínimo de cotización de 1.080 días en los doce años anteriores a su baja en la Seguridad Social.

Archivos Adjuntos:

Registro de matrimonio extranjero

En la actualidad encontramos que la globalización, el aumento de las migraciones y la posibilidad de obtener la nacionalidad de un determinado país han provocado el aumento de los matrimonios celebrados con algún elemento extranjero.

            Pero, ¿Cómo se registra un matrimonio celebrado en el extranjero en el Registro Civil español? Pues bien, este artículo tiene como finalidad la explicación del proceso que se llevará a cabo y los documentos necesarios para el mismo.

            Los matrimonios celebrados en el extranjero que se pueden registrar en España son aquellos en los que ambos cónyuges son españoles, aquellos en los que uno de los cónyuges es extranjero y el otro español, y aquellos en los que ambos cónyuges eran extranjeros pero al menos uno de ellos ha obtenido la nacionalidad española.

            Por otra parte, los matrimonios pueden ser de dos tipos, civiles o canónicos, y la documentación a entregar varia de un tipo a otro.

            En primer lugar, en cuanto al matrimonio civil, la documentación necesaria será la siguiente:

         Certificado de matrimonio expedido por el Registro Civil local extranjero.

         Certificado literal de nacimiento del cónyuge español o del que se hubiera naturalizado, expedido por el Registro Civil español.

         Certificado de nacimiento del cónyuge extranjero.

         Documento Nacional de Identidad del nacionalizado español.

         Acreditación del domicilio del promotor en España.

         Hoja declaratoria de datos*.

En segundo lugar, respecto al matrimonio canónico, se necesitarán los documentos descritos a continuación:

         Presentación de la certificación eclesiástica que expresará las circunstancias exigidas por la legislación.

         Certificado literal de nacimiento del cónyuge español o del que se hubiera naturalizado, expedido por el Registro Civil español.

         Certificado de nacimiento del cónyuge extranjero.

         Documento Nacional de Identidad del nacionalizado español.

         Acreditación del domicilio del promotor en España.

         Hoja declaratoria de datos*.Hoja Declaratoria de Datos

            Toda esta documentación tiene un carácter informativo, por ello es necesario conocer que en el momento de la calificación pueden ser requeridos cuantos datos estime oportunos el Magistrado Juez Encargado, a quien corresponda la calificación registral o el Secretario de Registro. Asimismo, todos los documentos extranjeros deberán estar traducidos y legalizados.

            Por otra parte, mencionar que toda la documentación deberá ser presentada en el Registro Civil Central que se encuentra en Madrid.

Tras la presentación de estos documentos, se citará a los cónyuges con la finalidad de realizarles una entrevista para comprobar que no se trata de un matrimonio por conveniencia. En dicha entrevista, los cónyuges podrán otorgar todas aquellas pruebas que consideren necesarias para demostrar la no conveniencia de su matrimonio.

 

Archivos Adjuntos:

Incluir nuevos hechos en una demanda de relación paterno-filial.

En ocasiones acuden clientes al Despacho que en procedimientos de relaciones paterno-filiales no pueden incluir todas las pretensiones en la demanda desde el primer momento puesto que aparecen nuevos hechos posteriormente. Un ejemplo de ello sería el caso en el que uno de progenitores, tras realizar la demanda o la contestación a la misma, es trasladado por motivos laborales llevándose consigo a la menor. Pues bien, ¿qué puede hacer en esos casos? ¿Cómo debe proceder?

Los procedimientos de relaciones paterno-filiales son procedimientos especiales y, por ello, se debe estar a lo regulado en los artículos específicos.

La cuestión es que en esos artículos específicos no se regula la posibilidad de incluir nuevos hechos conocidos con posterioridad a la demanda o a la contestación de la misma. Por este motivo, se podría pensar que no es posible una nueva inclusión, pero ello significaría tener que iniciar un nuevo procedimiento.

Por lo tanto, sería necesario estar a lo dispuesto en el artículo 4 CC en el que se establece que se puede aplicar analógicamente una norma determinada a un supuesto específico que no se encuentre regulado siempre que dicha norma regule un caso que guarde semejanzas con el que se nos presenta.

Así, deberíamos incluir los nuevos hechos por medio del procedimiento general establecido en el artículo 426 LEC y, de este modo, se podrán alegar en la audiencia siempre que sean de especial relevancia para fundamentar las pretensiones de las partes en el pleito, tal y como se establece en el apartado cuarto:

“Si después de la demanda o de la contestación ocurriese algún hecho de relevancia para fundamentar las pretensiones de las partes en el pleito, o hubiese llegado a noticia de las partes alguno anterior de esas características, podrán alegarlo en la audiencia.”

Si utilizamos el caso del ejemplo, es decir, un progenitor que es trasladado por motivos laborales tras interponer la demanda o contestar a la misma, debemos decir que el apartado segundo del artículo 774 LEC establece que:

“se practicará la prueba útil y pertinente que los cónyuges o el Ministerio Fiscal propongan y la que el tribunal acuerde de oficio sobre los hechos que sean relevantes para la decisión sobre las medidas a adoptar”.

Debemos entender que el traslado de uno de los progenitores es un hecho relevante sobre el que el Juez deberá decidir ya que ello influye en las medidas que se vayan a poder adoptar en el momento de regular la relación paterno-filial.

Menú